Bruselas está ultimando la aprobación de la nueva Directiva de Servicios de Pago PSD3, con el objetivo de proteger a los usuarios y reforzar las medidas de prevención frente al fraude online. Este avance legislativo introduce tres pilares clave:
La nueva normativa amplía los supuestos en los que los consumidores podrán recuperar su dinero, especialmente en casos de suplantación de identidad o transferencias erróneas. Para acceder a este reembolso, no se exige una negligencia grave por parte del cliente, siempre que se presente una denuncia formal ante las autoridades
Se impulsará la creación de redes seguras donde bancos y proveedores de servicios de pago puedan compartir datos sobre patrones de fraude de forma instantánea. Este mecanismo permitirá detectar campañas maliciosas coordinadas y responder con mayor rapidez.
PSD3 requiere que las entidades adopten protocolos robustos para prevenir fraudes, basados en estándares de diligencia y supervisión activa. En España, la jurisprudencia nacional ya establece que, ante un fraude, la carga de la prueba recae en el banco: debe demostrar negligencia grave del cliente, algo que no se considera cuando éste es engañado por profesionales del delito.
En nuestro país, muchas Audiencias provinciales ya respaldan al consumidor frente al fraude bancario, señalando que no puede considerarse negligencia grave haber sido engañado por delincuentes profesionales. PSD3 reforzará esta tendencia, aportando un marco europeo uniforme que obligará a todos los Estados miembros a elevar su protección.
La normativa llegará al Consejo y al Parlamento Europeo próximamente, y su transposición será obligatoria: en España deberá incorporarse a la legislación nacional, sumándose al resto del derecho bancario y de consumidores.
La llegada de PSD3 representa un salto cualitativo en la protección del usuario frente al fraude digital. La combinación de mayores derechos de reembolso, intercambio de datos en tiempo real y responsabilidad reforzada para las entidades bancarias marca un nuevo estándar europeo.
Desde la AEECF seguiremos informando sobre el proceso de aprobación, ayudando a usuarios y entidades a adaptarse y aprovechar este nuevo marco legal que favorece la prevención y la protección frente al fraude.