Evita el fraude en el Black Friday
22 noviembre, 2017
¿Cómo ha evolucionado el fraude de tarjetas?
12 diciembre, 2017

Gobiernos y empresas privadas de todo el mundo han sufrido hackeos masivos. El robo de información para su posterior utilización es el motivo principal. Pero también puede producirse extorsión, manipulación de acontecimientos gubernamentales, venta de datos en el mercado negro, fraude de identidad e incluso espionaje. ¿Estamos ante una nueva forma de guerra entre países?

El pasado mes de mayo más de 30.000 organismos gubernamentales, cajeros y universidades de China fueron afectados por un ataque cibernético. En Venezuela alrededor de 40 portales online de instituciones estatales sufrieron otro en agosto. También hay sospechas de que las últimas elecciones presidenciales de EEUU fueron hackeadas, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Y estos son solo algunos de los ejemplos de hackeos a gobiernos y a instituciones gubernamentales que se han dado hasta ahora.

Las consecuencias de estos ataques pueden ser colosales, ya que los hackers pueden acceder a los archivos de hospitales, centros educativos y de investigación, agencias gubernamentales o militares y hacerse con información confidencial del gobierno e información sensible y personal de sus ciudadanos o incluso con la propia propiedad intelectual para después modificarlos a su antojo, venderlos o utilizarlos para realizar extorsión.

Además de las pérdidas económicas millonarias y la pérdida de reputación para los gobiernos, estos ataques cibernéticos masivos pueden convertirse en una nueva forma de guerra entre países basada en el ciberespionaje similar a la Guerra Fría entre EEUU y la Unión Soviética.

La sencillez para realizar daño al adversario a través de estas vías es lo que ha favorecido que delincuentes y terroristas apuesten por ellas. De este modo roban secretos de Estado, tecnológicos o financieros de los gobiernos adversarios para adelantarse e impulsar su propio desarrollo.

Este tipo de ataques se produce con mayor frecuencia de la que podemos imaginar, tanto a las propias instituciones públicas del Gobierno como a las empresas privadas en todo el mundo.

Si los hackers se hacen con los datos de clientes de los que disponen las empresas, como su nombre, DNI y datos bancarios, pueden realizar un fraude de identidad y así obtener un crédito en nombre de la persona afectada, vincularle multas por exceso de velocidad o realizar compras online, por poner algún ejemplo. Se convierte en un incidente muy dañino para la víctima porque puede ver arruinada su economía, su índice crediticio o su reputación y conlleva un complejo proceso posterior para demostrar que no realizó esas acciones.

También puede darse el caso de que no sean ellos mismos quienes realicen estos fraudes, sino que vendan los datos a un tercero. Una información muy valiosa que se paga muy bien en el mercado negro.

Las organizaciones y gobiernos de todo el mundo trabajan para tomar medidas de seguridad para evitar estos ataques. Pero, por desgracia, debido a la sofisticación de los ataques, favorecidos por el entorno tecnológico siempre cambiante, no existe ninguna protección infalible. Ni las empresas más grandes del mundo ni los gobiernos más potentes están 100% a salvo de sufrir un ciberataque. La clave está, por tanto, en la rápida detección del ataque y en la rápida reacción tras sufrirlo para minimizar los posibles daños.

Área Privada